Medidas anticrisis y tipo de cambio

La crisis global ha obliga a los líderes del planeta a tomar medidas para hacer frente a la recesión. La preocupación por la crisis está latente y en todos los países ya se han aplicado medidas que han permitido combinar apoyos a los hogares y a las empresas con medidas monetarias y fiscales, reduciendo las tasas de interés y los impuestos.

Sólo en México parece continuar el divorcio en el conjunto de medidas anunciadas, pese a la reducción de la tasa de interés interbancaria a un día de 8.25 a 7.75%, anunciada por el Banco de México la semana pasada, dejando al banco central del país seguir derrochando las reservas para defender la paridad del peso que se mantiene inamovible.

Por qué es importante considerar el régimen cambiario dentro de la política económica y su inclusión en el conjunto de medidas anunciadas por el ejecutivo federal para hacer frente a la crisis financiera internacional. Es claro, el tipo de cambio determina el valor de la moneda nacional frente a otras. Aunque México abandonó hace más de una década el régimen de cambio fijo, en el cual el valor de la moneda nacional está vinculado al del dólar estadounidense, con el cual los comerciantes tenían certeza de que los precios no fluctuarían en el tiempo y adoptó, al menos en teoría, un tipo de cambio flexible frente al dólar, con el cual el valor del peso puede subir o bajar en función de la oferta y la demanda; en realidad el régimen cambiario que defiende el Banco de México no es el de una flotación pura frente al mercado.

El régimen cambiario determina el flujo del comercio internacional y de las transacciones financieras en el mundo, quizá por esta razón el paso siguiente que siguió la Unión Europea, después de la integración económica, fue la de la integración monetaria, pues las transacciones intrarregionales en diversas monedas no hacen sino aumentar los costos de las transacciones y frenar su propia dinámica, por lo cual la existencia de diversas monedas, en medio de la liberalización del comercio, tiende a frenar los flujos del comercio, en particular los de México con América Latina y el Caribe, por eso el interés manifestado por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, de crear una moneda única en América Latina o al menos en los países que hoy conforman la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).

Existen tres tipos de regímenes cambiarios; el de paridad fija, que implican el uso de la moneda de otro país como el dólar, lo que ha llevado a la dolarización de las economías de Ecuador, El Salvador y Panamá, obligando a sus bancos centrales a subordinarse a la política monetaria que sigue le Reserva Federal de los Estados Unidos; el de paridad fija con flexibilidad, basada en una banda de fluctuaciones determinada por la inflación y donde el valor de la moneda local se mantiene estable frente a una moneda ancla, como es el caso de Costa Rica y los regímenes de flotación, que en teoría estaría determinado por el mercado y donde el banco central no interviene comprando o vendiendo divisas para sostener el tipo de cambio y reducir las fluctuaciones de la moneda local; casos que son raros y se reducen solo a Nueva Zelandia, Suecia, Islandia, Estados Unidos y la zona del euro.

Son sólo en las economías desarrolladas donde la libre flotación permite contar con una política monetaria independiente, donde sus mercados de divisas y financieros están desarrollados y pueden amortiguar los efectos de las fluctuaciones del tipo de cambio. No es el caso de México, aquí el banco central mantiene una “flotación sucia”, interviniendo periódicamente en el mercado de divisas para mantener la paridad del peso frente al dólar, el cual sirve de referencia cambiaria y de ancla, para dirigir sus objetivos de inflación.

Las medidas complementarias en materia de política económica para hacer frente a la crisis financiera, como el programa de empleo para empresas en riesgo de entrar en paro técnico, carecen de fundamento, pues no se basan en la aplicación de medidas monetarias que reduzcan las tasas de interés y estimulen la inversión de las empresas, ni en fiscales que reduzcan impuestos a las empresas y premien la creación de nuevas plazas de trabajo. El Programa de Preservación del Empleo, si bien pretende proteger medio millón de empleos, se basa sobre aportaciones tripartitas y los éxitos de estas medidas aisladas se ven lejanos.